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Llegó el segundo semestre para Gils Carbó

27 / Junio / 2016

Luego de escuchar a diferentes organizaciones e instituciones invitadas, las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto de la Cámara de Diputados vuelven a poner en agenda la reforma del Ministerio Público Fiscal impulsada por el Poder Ejecutivo. De este modo, los legisladores buscan obtener un dictamen para tratar la iniciativa en la Cámara Baja.

Dicho proyecto se encuentra en el marco del plan de reediseño de la organización judicial nacional y federal. Según sus fundamentos, “tiene como finalidad incluir modificaciones al régimen normativo que regula el funcionamiento del Ministerio Público” y así busca “garantizar su absoluta autonomía funcional profundizando los principios de independencia y objetividad”.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el límite temporal para la figura del procurador. “La magistratura unipersonal del Procurador General de la Nación, que no está sujeta al escrutinio popular, no resulta compatible con los principios democráticos y republicanos si le concede estabilidad vitalicia”, explica el proyecto

En este sentido, la propuesta impone un límite temporal, acotando su cargo a un plazo de cuatro años al entender que “resulta razonable para el mejor ejercicio del poder y la coordinación de la política criminal con el resto de las políticas públicas establecida en materia de justicia y seguridad”. Sin embargo, algunos diputados han planteado ampliar el plazo en años o permitir la renovación por otros cuatro más.

Diferentes organizaciones de la sociedad civil han expresado sus críticas y objeciones. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Asociación por los Derechos Civiles, Asociación Pensamiento Penal, Centro de Estudios Legales y Sociales, y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales manifestaron que “es desaconsejable que la elección del Procurador coincida con los plazos electorales, ya que podría afectarse seriamente la independencia, al quedar vinculado de manera directa a la elección del Ejecutivo y el Congreso”.

Asimismo, algunos bloques se oponen al proyecto por opinar que "apunta directamente" a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a quien desde el Gobierno se le solicitó su renuncia.

También introduce las figuras de los subprocuradores generales en derecho penal, en delito organizado, en derecho público y en derecho privado, a los fines de “fortalecer cada uno de las funciones, procurando la especialización para una mejor prosecución de los fines específicos del organismo, preservando la defensa de la constitución, dinamizando la organización y gestión”.

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