La Corte suspende los efectos de una sentencia que protegía los Esteros del Iberá, en Corrientes.

 

 

Este caso es muy interesante, una perla entre las recientes resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

Los antecedentes del caso Leiva son conocidos porque la justicia correntina en las tres instancias desde hace más de tres años venía teniendo en este caso resoluciones muy interesantes de protección del ambiente.

 

Para muestra podemos citar la resolución de la Cámara de Corrientes del 2 de diciembre de 2005 en el INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR, en autos: “LEIVA BRUNO c/ FORESTAL ANDINA S. A. s/ SUMARÍSIMO”, Expte. Nº 2.615 que "HACER LUGAR a la medida precautoria solicitada y en su consecuencia disponer la inmediata suspensión de las obras denunciadas, consistentes en un aterraplenado entre la cabecera de la Laguna Medina y la Loma de Concepción, un kilómetro aguas abajo del paraje Yahaveré, Departamento de Concepción de esta Provincia, en el terreno de la demandada FORESTAL ANDINA S.A. y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 239 del Código Penal, sin perjuicio de otras sanciones. 3º) Notificar lo resuelto a: I) La demandada; II) A sus encargados o administradores en el lugar donde se encuentra ubicada la obra denunciada en autos; III) A la Policía de la Policía de Corrientes; IV) Al Sr. Juez de Paz de Concepción (Corrientes); V) Al Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA); a fin del cumplimiento de lo dispuesto. 4º) Todo ello bajo caución juratoria del peticionante, la que prestará en Secretaría y con las formalidades de ley. 5º) A los efectos de las notificaciones dispuestas, librar cédulas y/u oficios y/u oficios Ley Convenio según corresponda, todo con HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. 6º) Insértese copia, regístrese y notifíquese.- FDO: Dr. CARLOS ANÍBAL RODRÍGUEZ – Dr. JOSÉ JUSTO CASCO.

Otra resolución interesante fue la dada respecto a la cuestión de fondo por la misma Cámara de Corrientes, el 25 de abril de 2007, donde se rechaza la apelación y se HACER LUGAR a la presente acción contra la empresa 'Forestal Andina S. A.', ordenando el cese del daño ambiental, debiendo en un plazo de treinta (30) días desde que se notifique la presente, destruir toda obra realizada con posterioridad a la medida precautoria dispuesta por el Tribunal por Res. N° 711 del 02.12.2005 (fs. 31/35 del Incidente de Medida Cautelar) y en caso de no hacerlo, la autoridad de aplicación (Instituto Correntino del Agua y del Ambiente) procederá a demoler todo lo construído por sí o por medio de un tercero, y cuyo costo estará a cargo de la parte demandada, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan. 2°) DISPONER que previo a la realización de toda obra por la firma demandada Forestal Andina S. A., deberá realizar el correspondiente PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL de conformidad con lo dispuesto en la Ley Provincial N° 5.067 y Ley 25.675 y en los términos de los considerandos de la presente Sentencia y en caso de no hacerlo en un plazo no superior a sesenta (60) días, la autoridad de aplicación (Instituto Correntino del Agua y del Ambiente) procederá a demoler todo lo construído con anterioridad al dictado de la Res. N° 711 del 02.12.2005 (fs. 31/35 del incidente de Medida Cautelar) por sí o por medio de un tercero, y cuyo costo estará a cargo de la parte demandada". La resolución es firmada por los Jueces Dres. Carlos Aníbal Rodríguez en primer término y Ricardo Eugenio Martín.

 

Como corolario de esto recordemos que en las tres instancias provinciales la actora había ganado el caso. En esto es interesante notar que tanto en primera, como en segunda instancia, así como el Superior Tribunal de la provincia de Corrrientes habían dicho que este terraplén producía una alteración al ambiente ordenando demoler todo lo construído por sí o por medio de un tercero, y cuyo costo estará a cargo de la parte demandada, es decir la empresa Forestal Andina.

 

La noticia hoy es que la empresa ante la negativa del Superior Tribunal de Corrientes en proveer el recurso extraordinario federal por no haber derecho federal en juego, recurre directamente a la Corte en queja por recurso denegado. La Corte hace lugar a la queja y acepta el caso. Esto es lo primero que resulta llamativo, porque el caso en apariencia no presenta elementos federales, ya que las normas que estaban en juego en una primera mirada no son federales, lo que limita la intervención de la Corte en este punto. De todos modos en este aspecto uno puede disentir con el criterio del Alto Tribunal o puede aceptar la tesis, lo que llama la atención es la manera en que resuelve la segunda parte del despacho, aceptando una medida cautelar suspensiva que muy pocas veces hemos visto la Corte acepte.

 

Nos referimos a la medida cautelar que al despachar la queja acepta la Corte (el despacho completo se puede ver ingresando en el vínculo).

 

Dice el despacho de la Corte al referirse a la cautelar: "dado que las consecuencias de la resolución apelada pueden traducir agravios de imposible reparación ulterior, declarar la suspensión de los efectos de la sentencia recurrida y del curso del proceso (Fallos: 313:630)".

 

Lo primero que sorprende del auto es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva una medica cautelar ante la presentación de la Queja, pues no es lo usual en la mayoría de los casos. De todos modos existen antecedentes. Es verdad que esto se puede dar. El requisito que se debe dar es la gravedad institucional y que el caso exhiba marcado contenido federal pues de lo contrario comportaría una violación de las autonomías locales.

 

La sentencia que cita la resolución es la dictada en autos "Dromi José Roberto (Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación) s/avocación en autos ´Fontela Mises Eduardo c/Estado Nacional s/amparo´" donde con resolución del 13 de julio de 1990 se dijo:

 

"1) Que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación se presenta ante esta Corte Apelando la sentencia dictada por el Juez a cargo del juzgado Nacional de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 2, relativa a la impugnación del trámite administrativo que se está llevando a cabo respecto de la adjudicación de la "Empresa Aerolíneas Argentinas". En ese pronunciamiento dicho magistrado resolvió: "ordenar a la demandada que encuadre la sociedad a crearse dentro de lo estipulado en el artículo 6 de la ley 23.696.

 

2) Que sin perjuicio de diversos aspectos que serán motivo de consideración por el Tribunal, surge de un modo claro y manifiesto que las consecuencias de las resolución apelada pueden traducir agravios de imposible o tardía reparación ulterior. Súmase a esto que el objeto del proceso es de inequívoca sustancia federal y, por su trascendencia, exhibe gravedad institucional.

 

3) Que en tales condiciones, corresponde que esta Corte declare la suspensión de los efectos de la sentencia apelada (doctrina de fallos 308:249, sentencias del 20 de octubre de 1987, in re B.592 XXI, y B589 XXI "Barcesat Jaime Alberto c/Barcesat jorge Simón y del 8 de julio de 1988 L116 XXII "Lara Martín s/prevención").

 

Por ello se suspenden los efectos de la sentencia apelada. FDO. RICARDO LEVEN (II)- MARIO AUGUSTO CAVAGNA MARTINES - AUGUSTO CESAR BELUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - RODOLFO C. BARRA - JULIO S. NAZARENO".

 

Como vemos, el caso que se cita como base trataba de materia federal. En cuanto a la gravedad institucional como válvula de auxilio ella era la que justificaba en el caso que la Corte suspendiera una resolución no de Cámara sino de primera instancia. Por esos años podíamos encontrarnos este tipo de medidas, pero sorprende en estos tiempos, que esta Corte apele a estos antecedentes y que, además, lo haga en un caso en que con esta resolución se contrarien las disposiciones de las tres instancias provinciales y contra ambiente.

 

Pensemos en los efectos que la demora en la tramitación de la Queja (que lleva por lo menos 2 años) puede trar para el ambinte del lugar: los Esteros del Iberá. Estos elementos son los que quizá se podrían haber observados a la luz de la más reciente jurisprudencia de la Corte en autos Salas haciendo plenamente operativo el principio precautorio.

 

Una lástima porque se desanda el camino que comenzaba a trazarse, con una jurisprudencia de una Corte que ahora podríamos decir no es lo ambiental que podíamos haber pensado, además fundada en una jurisprudencia de años muy malos, que pensábamos podíamos comenzar a olvidar.